POLÍTICAS DE PRACTICAS ANTICORRUPTAS

CAPITAL IT, rechaza toda forma de corrupción y de fraude, público o privado, y aplica un criterio de tolerancia cero respecto a cualquier incumplimiento referente. Es por ello que los trabajadores se comprometen a:

  • No influir sobre la voluntad u objetividad de autoridades y funcionarios públicos y/o otras personas ajenas a la Compañía para obtener algún beneficio o ventaja mediante el uso de prácticas no éticas o contrarias a la ley aplicable.

  • No dar, prometer ni ofrecer, directa o indirectamente, ningún bien de valor a autoridades o funcionarios públicos o cualquier persona física o jurídica, con el fin de obtener ventajas indebidas para la Compañía.

  • No permitir ningún pago de facilitación.

  • No financiar ni mostrar apoyo o soporte de cualquier otra clase, directa o indirectamente, a ningún partido político, sindicato, sus representantes o candidatos.

  • No utilizar las donaciones o liberalidades para encubrir pagos indebidos a autoridades o funcionarios públicos o a entidades ajenas a la Compañía.

  • No solicitar ni percibir de manera indebida, directa o indirectamente, comisiones, pagos o beneficios de terceros con ocasión de o con causa en las operaciones de contratación, inversión, desinversión, financiación o gasto en general que lleve a cabo la Compañía.

  • Prestar especial atención a aquellos supuestos en los que existan indicios de falta de integridad de las personas o entidades con las que se vayan a realizar o realizan negocios, con objeto de asegurar que CAPITAL IT establece relaciones comerciales únicamente con personas y entidades cualificadas, con una adecuada reputación y con compromisos sociales, medioambientales y de buen gobierno.

  • Promover la formación interna en materia de prevención y lucha contra la corrupción y el fraude.

  • Prestar especial atención a aquellas situaciones que puedan suponer un potencial conflicto de intereses entre los propios personales de los empleados y socios de la Compañía.

  • Disponer de controles y procedimientos específicos que permitan prevenir, detectar y corregir cualquier conducta que pueda suponer un acto de corrupción, fraude o un conflicto de intereses.